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Revista de Ciencias Sociales - Número 87 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El principio de interés superior del niño y el interés manifestado del niño. La relación y colisión entre dos piezas fundamentales del paradigma de protección integral

Como corolario de lo anterior se extrae que el niño es una persona con intereses individuales, dentro de los cuales está el ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos por la Convención y, en general, por el ordena-miento jurídico. Así, “es precisamente el ámbito de los derechos esenciales de carácter extrapatrimonial aquellos en que el ordenamiento jurídico debería potenciar el ejercicio de tales prerrogativas”53, lo que impone la tarea de “buscar maneras para que realmente los niños puedan tener un rol signifi-cativo en la interpretación y el uso de sus derechos”54, no restringiendo el campo de decisión por la idea preconcebida e incorrecta de que los niños no tienen agencia en los distintos aspectos de su vida.

En este marco, debe precisarse que la orientación de la autonomía progre-siva está dada, como expresa la literalidad del artículo quinto de la Conven-ción ya referido, en que aquella sea útil para una finalidad específica: “para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”55, y todo ello condicionado a la evolución de sus capacidades 56. Con ello, si la decisión autónoma del niño no tiene esa orientación de ejercer derechos, la pregunta a dirimir está en si esa actitud puede (o no) seguir considerándose como una extensión de esta facultad. Dicho de otra forma: ¿Están ampa-radas por el derecho las decisiones de los niños consistentes en no ejercer derechos; o, en un sentido más controversial, en actuar en contra de ellos?

53 ALVAREZ (2023), p. 50.

54 LIEBEL (2015), p. 45.

55 Conforme al Art. 11 de la Ley de Garantías N°21.430, de 2022, “todo niño, niña y ado-lescente, de conformidad al Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, salvo que la ley limite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales”.

56 Así lo apunta DOMÍNGUEZ (2016), p. 108, cuando refiere que muchas veces “el principio es presentado como si fuere una autonomía ‘a secas’, olvidando que el adjetivo ‘progresivo’ justamente fuerza a que la determinación de la capacidad concreta del niño o del adolescente se realice mediante un examen muy preciso, ajustado al niño en concreto”. Así, como se ha tenido oportunidad de explicar en IBÁÑEZ (2024b), pp. 119-120, “no todos los niños adquieren su autonomía al mismo tiempo, y del mismo modo, no todos los derechos alcanzan la autonomía en su ejercicio en el mismo punto, aun cuando se trate del mismo niño, niña o adolescente”.