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Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

sitúa en un ámbito de madurez propia y específica exigida para dar validez al consentimiento informado del menor emitido sin representación alguna —el de la salud del NNA—16.

Relevante resulta igualmente la valoración e información de los fa-cultativos para dar entrada al consentimiento en los tratamientos de alto riesgo. ¿Cómo se valora este riesgo vital, en qué medida influye el carácter irreversible o impacto psicosocial, físico o psicológico de la intervención, del tratamiento o falta de él, los efectos de la medicación, o la decisión de prescindir del tratamiento, para exigir el consentimiento reforzado, muchas veces con intervención judicial o informe médico especializado?

Dos sentencias del Tribunal Constitucional ilustran la delimitación del consentimiento en casos de riesgo. Por un lado, la STC 154/2002, de 18 de julio 17 y por otro la más reciente, STC 106/2024, de 6 de septiembre 18.

En la primera de ellas se resuelve sobre un supuesto claramente conflic-tivo: el rechazo por motivos religiosos, por parte de un menor de edad y sus progenitores, a practicarle una transfusión de sangre, con resultado de muerte de este ante la negativa a dicha intervención. Los padres, recurrentes en amparo habían sido condenados penalmente por un delito de homicidio

16 Sanchez Medina aborda el concepto de madurez desde la psicología, buscando ofrecer claves que permitan a los operadores jurídicos valorar adecuadamente la capacidad de actuación de los menores. Siguiendo a Garber, señala que el desarrollo no es un proceso unitario y singular, sino que se produce en diferentes dominios, como el cognitivo, comunicativo, emocional, físico o social. El desarrollo de una de dichas dimensiones no basta para determinar la madurez y no es un proceso unidireccional. El informe sobre la madurez de un menor debe basarse en crite-rios observables y mesurables alejándose de apreciaciones globales dirigidas por impresiones genéricas. SANCHEZ MEDINA (2024), pp. 27-95.

Sobre la confrontación entre los criterios de edad versus madurez, vid. igualmente el trabajo de LÓPEZ DE LA CRUZ (2024), pp. 97-142.

Desde una perspectiva jurídica, creo, estas pautas evidencian la ausencia de criterios objetivos que garanticen un espacio de seguridad en decisiones tan relevantes como el consentimiento informado. No obstante, considero que el criterio de la madurez, aunque complejo, resulta más coherente con el sistema vigente de valoración de la capacidad de NNA y más respetuoso con sus derechos constitucionales.

17 Tribunal Constitucional, 154/2002, de 18 de julio de 2002.

18 Tribunal Constitucional, 106/2024, de 12 de octubre de 2024.