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Vincenzo Barba

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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La defensa de la identidad digital de NNA exige, por tanto, la elaboración de una disciplina civil autónoma, que combine elementos de representación legal, límites al ejercicio de los derechos por cuenta ajena, nulidades estruc-turales en casos de actos lesivos, acciones autónomas por parte de NNA y un sistema indemnizatorio adecuado a las particularidades del entorno digital. No se trata simplemente de adaptar normas preexistentes, sino de construir un nuevo marco de referencia que reconozca la especificidad del fenómeno digital y que sitúe en el centro la dignidad de la persona en formación.

Esta reforma debe basarse, en todo caso, en un principio rector: el interés superior de NNA no puede ser interpretado como una cláusula genérica de protección, sino como un criterio jurídico operativo que imponga límites concretos al ejercicio de la representación legal. La responsabilidad parental no puede convertirse en una autorización genérica para disponer del derecho a la imagen, a la intimidad o a la identidad digital de NNA como si se tratara de una prolongación de la voluntad de los padres. El respeto a la personali-dad de NNA impone, en cambio, un deber de prudencia, proporcionalidad y respeto, que debe ser evaluado por la autoridad judicial en caso de conflicto.

En este sentido, la jurisprudencia está llamada a desempeñar un papel decisivo. Los tribunales civiles, tanto en España como en Italia, deben asumir la función de intérpretes activos del sistema de protección de la personalidad, integrando los principios constitucionales y supranacionales en el juicio so-bre la licitud o ilicitud de los actos realizados en nombre de NNA. La labor judicial no debe limitarse a reparar daños ya consumados, sino que debe orientarse también a prevenir la reiteración de conductas lesivas, a declarar la nulidad de actos contrarios al interés del representado y a limitar, cuando sea necesario, el ejercicio de la representación legal en contextos de abuso o conflicto de intereses.

Asimismo, debe esperarse un rol aún más activo y decisivo por parte de las autoridades administrativas encargadas de la protección de la infancia y la adolescencia. A estas corresponde, por un lado, la promoción de una cultura