176

Marisa Herrera

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Veamos, el art. 5 de la Ley N°26.743 menciona en primer lugar a los representantes legales y después al propio involucrado al que denomina —de manera tradicional y bajo un paradigma perimido— menor. Justamente, tratándose de un derecho personalísimo debería referirse en primer término a la persona menor de edad quien debe consentir y, en segundo plano, los progenitores —uno de ellos, no ambos— quienes deberían prestar el asenti-miento y no el consentimiento. Por otra parte, se critica que se exija la inter-vención de la figura del abogado del niño. ¿Si no hay intereses contrapuestos entre progenitores e hijos/as, se debe solicitar la participación de un letrado? ¿Incluso, si uno o ambos progenitores se oponen al cambio registral, este rechazo debería tener efecto jurídico? Estos interrogantes se vieron agravados a la luz de lo dispuesto en el art. 26 del CC y CN y entender, tanto la doc-trina como la citada resolución, que esta disposición también comprende el ejercicio del derecho a la identidad de género a través del cambio registral.

En este marco, se entendió que el cambio de género constituye un acto no invasivo al no poner en riesgo la vida ni la salud de la persona menor de edad que se trate y, por ende, tal acto podría ser realizado por el propio adolescente —de 13 a 18 años— sin el asentimiento de ninguno de sus pro-genitores. Esta debería ser la interpretación correcta al primar el aforismo jurídico conocido como ley posterior (CC y CN) rige sobre ley anterior (ley de identidad de género), en vez del otro que enseña la primacía de ley especial (identidad de género) sobre ley general (CC y CN) en atención a los derechos en pugna, en particular, el reconocimiento como los NNA como sujetos de derechos y el consecuente principio de autonomía progresiva. En todo caso, el debate interpretativo giraría en torno a los/as niños/as, es decir, las personas menores de edad por debajo de los 13 años.

Lo cierto es que se trata de un debate abierto y los registros civiles que son los organismos administrativos facultades para llevar adelante los cambios de género registrales receptan diferentes prácticas.