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Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

- Menores en situación de desamparo: si la tutela ha sido asumida por la entidad pública (art. 172.1 CC), esta prestará el consentimiento. Si no ha sido asumida, lo hará quien tenga la guarda provisional (art. 172.4 CC).

- En caso de discrepancia entre la menor y sus representantes, se resolverá judicialmente, con la presencia del defensor judicial y Ministerio Fiscal, en procedimiento urgente (art. 19.6 LO 1/2023).

Aunque la LO 1/2023 no menciona el artículo 9.4 LAP, cabe interpretar que, si la IVE implica grave riesgo para la salud o vida de una menor mayor de 16 años, el facultativo podría exigir el consentimiento del representante legal, conforme al espíritu de la norma reformada.

b) Transfusiones de sangre. Negativa a practicarla por motivos religiosos (Testigos de Jehová)

Numerosas resoluciones judiciales han abordado los conflictos derivados del rechazo, por parte de progenitores o menores, a los tratamientos médicos esenciales 36, especialmente transfusiones de sangre, por motivos religiosos u otros, pese a tratarse de intervenciones sencillas y no invasivas cuya omisión puede provocar el fallecimiento del paciente.

Entre los precedentes más relevantes destaca la ya citada STC 154/2002, de 18 de julio 37, dictada antes de la vigencia de la Ley de Autonomía del Paciente (LAP), fuera del marco de los artículos 8 y 9 reguladores del con-sentimiento informado. La sentencia analizó la validez del consentimiento negativo (“a la no intervención”) y la forma de resolver la colisión entre

36 DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN planteaba si debe exigirse la misma edad o capacidad para aceptar o rechazar un tratamiento. Considera que parece razonable exigir mayor capacidad al menor en el rechazo del tratamiento, cuando éste ha sido propuesto por el profesional, que en la aceptación de este. Criterio que, como el propio De Montalvo recoge, es la posición al respecto mantenida por la Circular 1/2012 de la fiscalía general del Estado ya citada ante-riormente, en relación con las transfusiones de sangre DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN (2019), pp. 240-245.

37 Tribunal Constitucional (Pleno), 154/2002, de 18 de julio de 2002.