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Revista de Ciencias Sociales - Número 87 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Derecho a la identidad digital y protección de niños, niñas y adolescentes frente a la exposición prematura en redes

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un defensor judicial en caso de conflicto de intereses con los representantes legales. En Italia, los artículos 78 y 473-bis del Codice di Procedura Civile contemplan un instrumento equivalente 45.

A ello se suma lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-chos digitales, que establece la intervención obligatoria del Ministerio Fiscal cuando se detecte cualquier utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales o servicios equivalentes que pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales. En tales casos, el Ministerio Fiscal deberá promover de forma inmediata las medidas cautelares y de protección previstas en la LOPJM.

Nada impide que, en casos especialmente graves, NNA puedan solicitar, a través del defensor judicial, la supresión de los contenidos digitales que vulneren sus derechos de la personalidad. Esta facultad encuentra respaldo en el principio de interés superior, pero sobre todo en la titularidad autónoma de los derechos de imagen, intimidad y honor, que pertenecen originariamente a NNA con independencia de su edad, y cuya protección no puede depender exclusivamente del juicio de los padres. No obstante, en la práctica, esta posibilidad plantea dificultades, ya que supone que NNA soliciten por sí mismos la remoción de los contenidos, en un contexto en el que sus proge-nitores no lo hacen, y acuda a una autoridad judicial para que se le designe un defensor que actúe en su nombre.

45 En un caso decidido por el Tribunal de Roma de 23 de diciembre de 2017, en FAMIGLIA E DIRITTO (2018), pp. 381-386, la autoridad judicial autorizó a un adolescente a proseguir sus estudios en el extranjero, tras constatar el grave perjuicio derivado de la exposición pública realizada por la madre, quien había difundido en redes sociales imágenes e información sensible sobre el hijo. A la luz de los informes técnicos —que acreditaban la madurez del adolescente, su voluntad firme de alejarse del entorno dañino y los beneficios de experiencias formativas previas en el exterior— el tribunal no solo avaló su inscripción en un colegio en EE. UU., sino que ordenó a ambos progenitores abstenerse de seguir publicando cualquier contenido relativo al hijo y les impuso la obligación de eliminar todo el material previamente difundido. La decisión se adoptó en aplicación del principio del interés superior del niño, como criterio central de protección de su identidad e integridad personal.