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Marisa Herrera

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

ya demasiado con los obstáculos y problemas que como grupo históricamente vulnerable (categoría sospechosa) han tenido y deben afrontar hasta el día de hoy, como para que el estado, que es garante de sus derechos, mantenga y/o exija la judicialización de su real sentir (?) (…) es que no encuentro ningún obstáculo para que sea la misma autoridad administrativa que intervino pri-migeniamente la que lleve adelante el acto de reversión, sin buscar culpas o escrudiñar en los motivos que impliquen tal decisión; debiendo ser un trámite sencillo que responda precisamente a lo prescripto en los restantes artículos del mismo cuerpo normativo 24.

En esta lógica, se procedió a declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley nacional N°27.643 que exige la intervención judicial para los pedidos de reversión de la identidad de género.

Asimismo, cabe destacar que, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de Argentina realizado en el 2022, reveló que 196.956 personas no se identifican con el género asignado al nacer, lo que representa el 0,4% de la población; de las cuales 72.510 se identificaron como varón trans/masculinidad trans, 60.679 como mujer trans/travesti, 37.330 como no binarias y 26.437 como otra/ninguna de las anteriores.

Concentradas en las personas menores de edad, en un informe de mayo del 2023 sobre las características poblacionales de las personas que han realizado el cambio de género en los primeros 10 años de vigencia de la Ley N°26.743 (2012 a 2022),del total de personas que han procedido a realizar el cambio registral, el 9.50% corresponde a personas en la franja de 0 a 17 años y, dentro de esta franja, el 70.74% involucra a varones trans, 19.28% a mujeres trans y 9.98% no binarios 25.

Desde el punto de vista práctico y con un fuerte -y necesario- sentido crítico, se sostiene que

24 Ibid.

25 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (2023).