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Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Años después, la Fiscalía General del Estado, ya vigente la LAP, me-diante la ya citada Circular 1/2012, abordó de forma específica el rechazo de tratamientos médicos por parte de menores, especialmente en casos de transfusiones de sangre, estableciendo criterios de actuación para los con-flictos entre autonomía del menor, voluntad de los representantes legales y deber médico de protección. La Circular parte de la valoración esencial de la madurez del menor, diferenciando varios supuestos:

-Si un menor maduro se niega a una transfusión con grave riesgo vital, y sus representantes legales apoyan la intervención, el médico puede realizarla sin autorización judicial, aunque se recomienda acudir al juez de guardia si no existe urgencia.

-Si el menor maduro y sus padres rechazan la intervención, el médico debe acudir al juez o al fiscal, salvo urgencia, en cuyo caso puede intervenir amparado por el cumplimiento de un deber y el estado de necesidad.

-Si el menor maduro consiente y los padres se oponen, debe prevalecer la voluntad del menor, pudiendo el médico actuar sin autorización judicial.

-Si el menor no es maduro y los padres se oponen, el médico —como garante de la vida del paciente— debe acudir al juzgado o al fiscal para solicitar autorización judicial.

-En situaciones de urgencia vital, el facultativo puede intervenir sin auto-rización, igualmente amparado por las causas de justificación antes citadas.

A la luz de la regulación vigente en el artículo 9 LAP, la negativa a una transfusión en caso de riesgo vital exige el consentimiento de los represen-tantes legales. Sin embargo, conforme al artículo 9.2.b), cuando exista un riesgo inmediato y grave para la integridad física o psíquica del paciente y no sea posible obtener la autorización, los facultativos están legitimados para actuar sin consentimiento.