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Revista de Ciencias Sociales - Número 87 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El interés superior del menor (NNA) en el ámbito de la salud. El consentimiento informado de niños, niñas y adolescentes. Especial referencia a menores de edad transexuales e intersexuales en la nueva legalidad española

La LO 2/2020 deroga expresamente el artículo 156.2 del C ódigo Penal español. Dicho precepto, que en su pfo.1º exime (y eximía) de responsabi-lidad penal los supuestos de trasplante de órganos, efectuados con arreglo a lo dispuesto en la ley, así como las esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, mientras medie consentimiento válido, libre, consciente y expresamente emitido, no penalizaba la esterilización forzosa sobre las personas discapacitadas, al señalar que:

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil 33.

4. LOS CONTEXTOS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD Y EN LA LAP: REGULACIÓN Y POSICIÓN DE LA JURISPRUDENCIA (TS, TC Y TEDH)

Ya se ha mencionado previamente la posición que en casos concretos ha venido manteniendo el TS y TC español en relación con los menores de edad transexuales (en las citadas sentencias de 2019), a los que me referiré en el último apartado de este trabajo.

Las decisiones en ambos casos se toma dentro del marco de la resolución de un caso concreto, el del cambio de sexo de un menor de edad, pero ha marcado sus pautas, siguiendo en cierta medida los postulados de la Circu-lar de la Fiscalía 1/2012, de 3 de octubre, sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones

33 Ibid.

La propia LO 2/2020 en su preámbulo señalaba expresamente que: “La permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional, más de una década después de la entrada en vigor del Tratado internacional de las personas con discapacidad, constituye una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos...”