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Revista de Ciencias Sociales - Número 87 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El interés superior del menor (NNA) en el ámbito de la salud. El consentimiento informado de niños, niñas y adolescentes. Especial referencia a menores de edad transexuales e intersexuales en la nueva legalidad española

por omisión. En el recurso debía resolverse sobre la colisión y conflicto existente entre los derechos, constitucionalmente protegidos, de la integridad física y moral, vida y libertad religiosa del hijo menor y la libertad religiosa de los padres. Para el TC la vida y la salud del menor son bienes jurídicos superiores que justifican la intervención médica incluso sin consentimiento.

Por otro lado, el contexto en el que se pronuncia el TC en la sentencia de 2024, parte del conflicto entre los progenitores sobre la necesidad de someter a tratamiento psicológico de la hija menor de edad. El resultado del proceso culmina con la autorización al padre para iniciar dicho tratamiento sin consentimiento de la madre priorizando el bienestar emocional del menor.

Hablar de la existencia de situaciones de grave riesgo para la vida o salud del menor nos sitúa también dentro de los márgenes de las situacio-nes de riesgo clínico para la vida o salud física (más evidentes, quizás, objetivamente hablando) o de riesgo para la salud mental o situaciones de riesgo social. Los menores en contextos clínicos o sociales de vulnerabilidad presentan características que requieren un enfoque reforzado en términos de protección jurídica y bioética: Dentro del riesgo clínico podríamos incluir a los menores con enfermedades graves, trastornos psiquiátricos, situaciones de urgencia médica o patologías que afecten a la capacidad de comprensión, como retraso madurativo o trastornos neurocognitivos. En estos casos, el consentimiento informado puede requerir valoración multidisciplinaria: pedi átrica, psiquiatra y de trabajo social.

Cundo el menor se encuentra en una situación que no le permite com-prender las implicaciones médicas también se justifica la necesidad de im-plementar mecanismos adicionales de protección institucional.

En riesgo social, se encuentran los menores en situación de desamparo, acogimiento residencial, violencia familiar o migrantes no acompañados, entre otros. De tal forma que la fragilidad del entorno familiar puede compro-meter el ejercicio legítimo del consentimiento por los representantes legales.