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Maricruz Gómez de la Torre

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Desde otra perspectiva, una de las formas de hacer efectiva la autonomía de los NNA es recabar cuál es su opinión respecto de medidas, acciones que le van a afectar. Aquí se ve claramente la conexión entre autonomía progresiva, derecho a ser oído e interés superior del NNA.

Una forma concreta de ejercer la autonomía progresiva es a través del derecho a ser oído. El artículo 28 de la Ley de Garantías establece que todo NNA tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea debidamente considerada según su edad, madurez y grado de desarrollo. Esto aplica especialmente en procedimientos judiciales o administrativos que puedan afectar sus derechos o intereses, tales como asuntos familiares, escolares, sanitarios, comunitarios y judiciales.

Cabe señalar que la opinión del NNA no es vinculante para el juez. Cuando sea contraria a la del menor, el o la magistrada debe atender a las condiciones específicas del NNA y su interés. Ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del NNA.

El límite a la discrecionalidad del juez es la evaluación del interés del NNA. El artículo 7, inc. 2° de la Ley de Garantías establece que todo NNA tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto 33. Agrega, que

33 Ley N°21.430, de 2022. Artículo 7, “Interés superior del niño, niña o adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta.

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.