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Vincenzo Barba

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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estrictamente necesaria para su ejercicio o defensa, la evolución del entorno digital está generando nuevas tensiones respecto a esta concepción clásica. En determinados contextos, estos derechos —incluida la identidad digital— pueden adquirir, aunque sea de forma indirecta, un contenido económico o una proyección patrimonial, especialmente cuando se vinculan con la exposición en redes sociales, la monetización de la imagen o la gestión de datos personales con valor comercial 29.

Esta problemática se agrava de forma particular en el caso de la identi-dad digital de NNA, es decir, de personas en formación cuya personalidad se encuentra aún en proceso de construcción. La proyección prematura y no controlada de su imagen e información en entornos digitales no solo afecta de manera directa bienes jurídicos de naturaleza existencial —como la intimidad, el honor o la propia imagen—, sino que, además, puede verse instrumentalizada en función de intereses económicos de terceros, especial-mente de quienes ostentan la representación legal. En estos escenarios, el fenómeno del sharenting revela toda su complejidad: la exposición digital de hijos e hijas se convierte no pocas veces en un vehículo para la obtención de beneficios —como monetización de contenidos, aumento de visibilidad o posicionamiento social— a costa de derechos que, por su naturaleza, deberían estar excluidos de toda lógica de mercado.

Naturalmente, no se incluyen en esta reflexión aquellos supuestos en los que NNA, dotados de suficiente discernimiento, actúan con autonomía y conciencia para gestionar su identidad digital con fines económicos, dado

29 Véase, Tribunal Supremo Español, 234/2014 de 27 de enero. Doña Nuria demandó a Doña Lidia por utilizar, sin su consentimiento, el nombre, voz e imagen de su hija adoptiva Francisca, en el marco de su actividad profesional, tras la ruptura de la relación sentimental que mantuvieron. La demandante alegó una intromisión ilegítima en los derechos de la hija, solicitando 60.000 euros de indemnización y el cese del uso de su identidad. El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la madre adoptiva al considerar que no hubo intromisión ilegítima en los derechos de imagen e intimidad de la menor. Justifica su decisión en las especiales circunstancias del caso: la convivencia afectiva entre las litigantes, su rol conjunto como madres, y la publicación consensuada de imágenes y voz de la niña sin fines comerciales. El uso de la imagen se produjo en un contexto familiar y con la participación activa de ambas, lo que excluye la ilicitud.