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Revista de Ciencias Sociales - Número 87 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Derecho a la identidad digital y protección de niños, niñas y adolescentes frente a la exposición prematura en redes

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A diferencia de otros ámbitos jurídicos, el derecho civil no dispone de una definición expresa de identidad digital como categoría autónoma 24. Sin em-bargo, la doctrina y la jurisprudencia han comenzado a atribuirle una entidad propia, en cuanto fenómeno vinculado a los derechos de la personalidad 25. Se trata, en esencia, de una construcción jurídico-doctrinal que responde a la necesidad de adaptar los instrumentos tradicionales de protección de la persona al nuevo entorno digital, caracterizado por la circulación masiva e incontrolada de datos personales, imágenes, comentarios y otras formas de expresión que contribuyen a formar la imagen pública de una persona 26.

24 BATUECAS CALETRÍO (2022), pp. 938 y ss., precisa que la identidad, aunque tradicional-mente no ha sido tratada como un derecho autónomo, ha ido adquiriendo progresiva relevancia en diversos sectores del ordenamiento jurídico. Señala que ha sido reconocida de manera indirecta a través de instituciones como el nombre, la filiación o el derecho a la imagen, pero subraya que todavía carece de una formulación sistemática y autónoma en el marco jurídico español. En ese sentido, defiende su inclusión implícita dentro de los derechos de la personalidad, si bien reconoce la ausencia de consenso tanto doctrinal como normativo. Resalta, además, la estrecha conexión de la identidad con otros derechos como el honor, la imagen y el nombre, pero insiste en que la identidad no debe quedar diluida en estos derechos conexos, sino que debe concebirse como fundamento común y eje estructural de todos ellos.

25 Ibid., pp. 926 y ss. Afirma que en Italia, el debate sobre la autonomía de este derecho ha sido más desarrollado, mientras en España ha permanecido en un plano subordinado.

26 Estos son los instrumentos internacionales y europeos más importantes sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, especialmente en relación con los derechos a la intimidad, el honor, la imagen y los datos personales. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924) y la posterior Declaración de los Derechos del Niño (1959) sentaron las bases éticas de la protección de la infancia. Más adelante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) consagraron, con valor jurídico vinculante, el derecho al respeto de la vida privada y familiar de todas las personas, incluidos los menores. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), hoy norma internacional de referencia en la materia reconoce expresamente el derecho de niños, niñas y adolescentes (NNA) a la protección frente a injerencias arbitrarias en su vida privada, así como el deber de los Estados de asegurar su acceso a medios de comunicación respetuosos con su desarrollo. En el plano europeo, destacan también la Carta Europea de Derechos del Niño (1992) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000), que refuerzan esta tutela. A nivel específico en protección de datos, el Convenio 108 del Consejo de Europa (1981, actualizado como 108+) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (2016) esta-blecen salvaguardias frente al tratamiento indebido de información personal, incluyendo normas claras sobre el consentimiento digital de los menores. Finalmente, el Convenio de Lanzarote (2007) introduce medidas concretas para proteger a los NNA frente a la explotación sexual en línea. En conjunto, estos textos conforman un marco jurídico internacional robusto que obliga a los Estados a adaptar sus legislaciones para proteger la dignidad y la identidad digital de la infancia y la adolescencia. GARCÍA GARCÍA (2021), pp. 479 y ss.