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Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

todeterminación, aunque respecto de los NNA, la cuestión se vuelve más compleja en tanto en cuanto afecta a personas que apenas han comenzado a vivir. Incluso en los casos en los que se admitiera o se pueda admitir, también se plantea en qué medida su decisión debería primar por encima de la de sus progenitores o representantes legales.

Comparto, sin embargo, la postura de quienes consideran que ha de seguirse el criterio de la madurez del menor para permitir que ante un sufri-miento vital o agonía, si el menor expresa su deseo de no seguir viviendo, pueda considerarse que tiene capacidad sobrada para tomar esta decisión en el ejercicio de su derecho de autodeterminación lo que no se contradice necesariamente con la necesidad de proteger su interés superior que no siempre implica, apunta GARCÍA MAGNA, tener una vida que no se con-sidera aceptable 31.

- Esterilización forzosa: se rige en este momento por la “Ley orgáni-ca 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del C ódigo Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente”32.

En estos momentos resulta obvia la prohibición de la esterilización forzosa de los menores de edad en tanto en cuanto la norma no diferencia. Que se mencione aquí la esterilización forzosa, es significativo, porque ello implica que en algún momento (hasta hace apenas cinco años) era algo que formaba parte del organigrama institucional legítimo.

31 GARCÍA MAGNA (2024), pp. 313-348, especialmente pp. 325-330 y 339-346 donde realiza un estudio pormenorizado de la jurisprudencia del TEDH sobre el tema.

32 Ley Orgánica 2/2020, de 2020.

Esta normativa tiene su origen en la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada en 2006 (Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Jefatura del Estado «BOE» núm. 96, de 21 de abril de 2008: BOE-A-2008-6963). En ella se recoge expresamente (art.23.1, c)) que los Estados Parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad asegurando que incluso los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás personas.