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Marisa Herrera

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Por lo tanto, hacerse eco del principio de autonomía progresiva en los sistemas jurídicos nacionales constituye un imperativo, tal como lo ha re-ceptado en el derecho argentino el CC y CN. En esta línea, a 10 años de su vigencia o puesta en marcha, es hábil preguntarse sobre su operatividad y/o tensiones o debates abiertos generados y, para tal fin, se ha decidido tomar como caso testigo lo acontecido con la satisfacción del derecho a la identidad de género de las personas menores de edad.

2. LA MATRIZ CIVIL DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PRO-GRESIVA

En el derecho argentino, el núcleo central del principio de autonomía progresiva en el campo del derecho civil se encuentra en el ya famoso artí-culo 26 dedicado al “Ejercicio de los derechos de las personas menores de edad”, disposición que yace en la Sección 2da sobre “Personas menores de edad” del Capítulo 2 sobre “Capacidad” correspondiente al Título I sobre Persona Humana del Libro Primero dedicado a la “Parte general”14. Esto se complementa con uno de los principios rectores sobre los cuales se edifica el régimen de la responsabilidad parental al reconocer en el inciso b) del art. 639 que “la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la repre-sentación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos”. Por lo tanto, se advierte la siguiente interacción entre autonomía progresiva y responsabilidad parental atravesado por la noción de capacidad jurídica que se sintetiza en el siguiente gráfico:

14 Tantísima es la bibliografía nacional en torno a las implicancias del art. 26 del CC y CN y las tensiones y desafíos que encierra en el régimen jurídico argentino en lo relativo a la capacidad jurídica de niños, niñas y adolescencias en el derecho civil, por ello, a los fines de tener un panorama general actualizado se recomienda compulsar KEMELMAJER, (2025), pp. 41-56.