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Isaac Ravetllat Ballesté

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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a incluir determinados elementos o mecanismos de garantía que eviten los posibles perjuicios que un ejercicio inadecuado o desmesurado de los mis-mos pudiera llegar a suscitar en la persona del NNA. En otras palabras, aun reconociendo la vital importancia de conceder al NNA legitimación activa para ejercer paulatinamente esta clase de derechos –civiles y políticos–, por resultar ello absolutamente beneficioso tanto para el desarrollo integral de su personalidad como para el crecimiento progresivo de su nivel de auto-suficiencia y responsabilidad, también lo es que, en ocasiones, se le limite tal opción por entenderse que puede ser lesiva o contraproducente para su progreso y formación 34.

Siendo cierto lo anterior, y permitiéndonos la literalidad del citado artículo 23 de la Ley sobre Garantías atisbar una cierta evolución en el reconoci-miento de la capacidad de ejercicio de los NNA en el ámbito material de los derechos civiles y políticos, es decir, dotando a la niñez y la adolescencia de instrumentos de efectivización y visibilización de su rol como sujetos titulares de derechos, la cuestión varía radicalmente cuando estudiamos los diferentes preceptos de la misma Ley sobre Garantías que desarrollan de manera concisa cada uno de esos derechos. Así, en la inmensa mayoría de los casos, la mera enunciación de la titularidad de derechos, sin mención alguna a la capacidad de ejercicio, o a lo sumo la previsión de remisiones a otros cuerpos normativos que nada resuelven al efecto, provocan que la Ley sobre Garantías no ofrezca, a nuestro entender, una respuesta adecuada y eficiente adaptada a los estándares internacionales que informan sobre la materia, lo que podemos llegar a considerar como una muestra evidente de discriminación estructural. Una vez más, los miedos atávicos circunscritos a la noción de la autonomía progresiva parecen haber calado en el grupo de preceptos que vienen a desarrollar –o mejor dicho a describir– los derechos civiles y políticos, circunstancia esta que no permite superar la conceptua-

34 DOMÍNGUEZ (2014), pp. 21-39 y BARCIA (2016), pp. 211-220.