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Alexis Mondaca Miranda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

En la misma senda, Illanes vincula la corresponsabilidad parental con el principio del interés superior. En efecto, refiere que este último descansa en la premisa de la satisfacción plena de los derechos de los NNA, lo que incluye las necesidades de índole moral y material y supone la posibilidad de “relacionarse en forma permanente y equitativa con ambos padres”9. Sostiene Illanes, además, que la exigencia de corresponsabilidad opera con indiferencia del régimen de cuidado personal aplicable al caso concreto de que se trate 10.

El principio de corresponsabilidad parental, junto con lo señalado, supone el pleno respeto de los derechos cuya titularidad se reconoce a los NNA. Respecto de tales derechos deben actuar los Estados promoviendo activi-dades tendientes al relacionamiento emocional entre los progenitores y su descendencia, sin perjuicio de las responsabilidades de éstos en el ámbito de la crianza. Por lo dicho, se ha observado que las normas sobre parentalidad responsable “no solo permiten la plena efectividad de los derechos de NNA, sino que se avanza en igualdad de derechos y deberes de padres y madres, sin preferencias ni exclusiones de ningún tipo”11.

Pudiera parecer lógico que ambos progenitores se constituyan en respon-sables del bienestar de su descendencia, pero la práctica, rápidamente, nos acredita que, en muchos casos, el mayor peso de las labores propias de la parentalidad recae usualmente en la madre, según diremos con mayor detalle en el subtítulo siguiente. En consecuencia, no es difícil encontrar supuestos en los que la igualdad relativa al ejercicio de la parentalidad es inobservada 12.

Impresiona constatar que algunos padres ni siquiera cumplen con la función que un sistema familiar machista les impone. Tradicionalmente, el hombre ha asumido el rol de proveedor, de forma tal que la subsistencia de la familia depende de su actividad, lo que en clave jurídica se identifica con

9 ILLANES (2021), p. 86.

10 Ibid.

11 HERMOSILLA y TÓRTORA (2022), p. 145.

12 Ibid.