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Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Este caso pone de relieve la importancia del consentimiento informado como garantía esencial de la autonomía del paciente y su necesaria prestación conforme a las exigencias formales previstas por la legislación aplicable, en este caso, el artículo 9 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente (LAP). El consentimiento debe otorgarse de manera específica para cada acto médico o intervención, aun cuando varias actuaciones formen parte de un mismo proceso terapéutico.

El supuesto de hecho del que se parte es el siguiente:

El demandante, menor de edad en el momento de los hechos, fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas para extirpar un tumor cerebral. Sus padres otorgaron consentimiento escrito para la primera y tercera operación, pero solo verbal para la segunda. Ante el TEDH se alegó que la segunda interven-ción se realizó sin el consentimiento escrito exigido por la legislación española (Ley 41/2002), lo que vulneraba el derecho al respeto de la vida privada protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH concluyó que hubo violación del artículo 8 del CEDH: Los tribunales españoles no justificaron adecuadamente por qué el consenti-miento verbal era suficiente, ni explicaron por qué la segunda intervención no requería consentimiento escrito como una operación independiente. Aunque el Convenio no impone un tipo específico de consentimiento, los Estados deben garantizar un marco legal claro que proteja el consentimiento informado. El hecho de que los padres mantuvieran contacto con los médi-cos no garantizaba que fueran debidamente informados ni que prestaran su consentimiento válido para la intervención.