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Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

protección del interés superior del menor y los deberes de representación de los progenitores o representantes legales de aquellos. Analizamos el alcance y funcionamiento del consentimiento informado que se ha de prestar en estos casos, regulado en los artículos 8 y 9 de la Ley N°41/2002 de Autonomía del paciente, partiendo del reconocimiento del derecho fundamental de NNA a ser escuchados y a participar en la toma de decisiones sanitarias según su madurez en base al artículo 9 de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Una atención especial se dedica a los menores trans e intersexuales, dado que sus tratamientos suelen implicar intervenciones médicas irreversi-bles o de gran impacto en su identidad. La Ley N°4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI permite rectificar registralmente el sexo en el registro civil, con o sin cambios físicos en la persona y ello se extiende a los menores de edad. La nueva normativa española promueve el respeto a su identidad de género y limita prácticas que puedan considerarse no consensuadas o dañinas, estableciendo protocolos para asegurar su dere-cho a la autodeterminación y la protección de su salud integral. Analizamos igualmente aquí el posicionamiento de la jurisprudencia (del TS, TC y TEDH) sobre el conflicto entre los distintos intereses ante intervenciones médicas en las que se evidencia la posible colisión de intereses y la forma de solventar las prioridades existentes cuando de menores de edad se trata.

Palabras claves:

Interés superior del menor, Salud infantil y adolescente, Consentimiento informado, Autonomía progresiva, Menores trans.

Abstract:

This paper focuses on the best interests of the child within the health-care context, particularly in situations involving children and adolescents undergoing medical treatments or surgical interventions with serious or irreversible physical, mental, or psychological consequences. It examines the different scenarios in which the protection of the child’s best interests intersects with the duties of representation by parents or legal guardians.