238

Pilar Benavente Moreda

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Los menores de edad gozan del derecho a la protección de su salud (art. 43 CE), así como del conjunto de derechos fundamentales recogidos en la Constitución (arts. 14 a 29), especialmente aquellos relacionados con la igualdad, la vida, la integridad física y moral, la intimidad, la propia imagen y la libertad ideológica o religiosa. Todo ello ha de interpretarse conforme al principio rector de la protección del interés superior del menor, que prevalece sobre cualquier otro interés concurrente.

Este principio fue reforzado por la reforma del art. 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) operada por la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que lo definen como criterio prioritario en cualquier actuación pública o privada que afecte a menores. Su contenido esencial incluye: la consideración de sus deseos y opiniones, la participación progresiva en función de edad y madurez, el respeto a su identidad, cultura, religión, orientación sexual o discapacidad, y la garantía de un desarrollo armónico y no discriminatorio.

La norma establece criterios interpretativos como la edad y madurez, la igualdad y no discriminación, la necesidad de estabilidad en las soluciones adoptadas, el efecto del tiempo en su desarrollo y la preparación para la vida adulta. En suma, se trata de garantizar que toda actuación (pública o privada) respete la autonomía progresiva del menor y fomente su integración y estabilidad personal y social. Las limitaciones a su capacidad de obrar se habrán de interpretar de forma restrictiva.

Los criterios antes mencionados se han de ponderar (art.2.3 LOPJM) teniendo en cuenta entre otras cuestiones: a) La edad y madurez del menor; b) la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría