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Marisa Herrera

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

la Corte subraya que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera pro-gresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. En consecuencia, el aplicador del derecho —sea en el ámbito administrativo o en el judicial— deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño, niña o adolescente y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del niño, niña o adolescente, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Asimismo, la Corte considera que los ni-ños, niñas y adolescentes deben ser informados de su derecho a ser escuchados directamente o por medio de un representante, si así lo desean. Al respecto, en casos en que se presenten conflictos de intereses entre la madre y el padre, es necesario que el Estado garantice, en lo posible, que los intereses del niño, niña o adolescente sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto (párr. 129 8).

Y con relación a las diferentes facetas o derechos que emanan del resonado art. 12 tal como se lo desmenuza en la Observación General N°12 del 2009 sobre “El derecho del niño a ser escuchado”, debiéndose destacar en esta oportunidad que “Para que la participación sea efectiva y genuina es necesario que se entienda como un proceso, y no como un acontecimiento singular y aislado” (última parte del párrafo 133)9. En este marco, se pueden advertir diferentes facetas de la par-ticipación auspiciada, en definitiva, por el mencionado principio de autonomía progresiva, y que se lo puede sintetizar del siguiente modo:

Fuente: elaboración propia.

8 Ibid.

9 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2023).